Gallardón rectifica y dejará en las Cortes la elección del Poder Judicial

El caso Dívar, la salida del anterior presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces por el pago de sus viajes privados de fin de semana con fondos públicos, ha traído más consecuencias que el mero relevo en la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. El Gobierno ha modificado su criterio y ahora está más que dispuesto a revisar su posición de que solo se pueda elegir por y entre los jueces a la mayoría de los vocales del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia ha enviado estos días un documento al nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, que ha recibido con la mejor de las disposiciones esa auténtica rectificación. El PSOE tampoco apoyó nunca esa idea.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy apostó desde el primer día por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Así se fijaba en el programa electoral: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías”. Los otros ocho vocales tienen que ser designados por el Congreso y el Senado, porque así lo señala la Constitución.

Fue esta la posición manifestada varias veces por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Apostaba por volver al modelo de los ochenta, antes de la llegada de los socialistas por primera vez al poder. Esa elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces por el nivel de afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, ganase quien ganase las elecciones. Por eso el PSOE cambió esa norma en los noventa.

El Poder Judicial se une frente al ministro para nombrar presidenteEl panorama ha variado radicalmente en cuestión de semanas. Y el punto de inflexión fue el caso del enquistado relevo de Carlos Dívar, donde la APM apostó muy fuerte por su expresidente José Ramón Ferrándiz, un candidato claramente de confrontación con el Ministerio de Justicia y con sus planes para acotar el poder del Consejo. Alrededor de la candidatura de Ferrándiz se aglutinaron al final, además y de manera muy corporativa, los vocales del Consejo que son jueces.

La solución de Gonzalo Moliner, que recabó los 12 votos necesarios para salir presidente, sumó una mayoría de vocales no jueces pero sí juristas de reconocido prestigio. Y también concitó el apoyo de dos jueces, de miembros del teórico sector conservador del Consejo y de los denominados progresistas. Esa vocación de consenso que significaba Moliner convenció al ministro, que ha perdido la sintonía con la APM y algunos de sus representantes en el Consejo y también con la vocal progresista Margarita Robles, que le ha acusado públicamente de presionarles durante las últimas semanas y que podría perder en el nuevo reparto el poder que hasta ahora tenía en la comisión de nombramientos.

Moliner ha llegado al Consejo para poner orden con sosiego y ha celebrado ya su primer pleno ejecutivo, donde intervino para llevar las riendas del debate. Este lunes convocará otro pleno especial para recortar partidas por encima del 10% en su presupuesto actual de 72 millones de euros. Se ha citado en su despacho con vocales de todos los sectores. Y ha quedado emplazado para un almuerzo con el ministro, con el que ya ha hablado varias veces y ha firmado un plan de ayuda al Tribunal Supremo, para un primer intercambio de impresiones. La rebaja presupuestaria ha sido uno de los motivos de confrontación últimos del ministerio con el Poder Judicial. Algunos de sus funcionarios interpretaron esa demanda del Ejecutivo como una intromisión. Gallardón lo negó y Moliner la ejecutará.

Gonzalo Moliner y otros vocales progresistas del Consejo tienen, además, otra carta a su favor para establecer mejores relaciones con el ministerio. También creen, como Ruiz-Gallardón, que el órgano de gobierno de los jueces está algo sobredimensionado y que podría reducirse. El Poder Judicial mantiene ahora un pleno de 20 vocales más el presidente, todos con dedicación exclusiva, coches oficiales y sueldos que oscilan entre los 110.000 y los 130.000 euros. Y el problema no es solo de coste. También de operatividad. Muchos asuntos se llevan a pleno y suscitan discusiones poco resolutivas. Los temas de más relevancia se sustancian en secreto en otras comisiones.

La presidencia de Moliner desbloquea la relación con el ministerio
El objetivo del nuevo presidente es ser más ejecutivo, tomar más decisiones y, también, tener más voz y presencia. Se mantendrá a la actual portavoz, Gabriela Bravo, pero él se reserva comparecer para fijar posición en los asuntos más importantes. Lo dijo ya en su primera rueda de prensa.

Los primeros contactos del ministro con Moliner y de este con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, han sido positivos. El PSOE ha transmitido al ministro que el cambio de modelo de elección del Poder Judicial para favorecer a los jueces era una línea roja que no pensaba traspasar en la negociación y el ministro se ha plegado a esa demanda en favor del consenso.

(El País, 30-07-2012)
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Justicia invierte 2,4 millones para reducir los asuntos pendientes del TS

El Ministerio de Justicia ha firmado hoy un plan con el Tribunal Supremo para la actualización del alto tribunal en el que se invertirán más de 2,4 millones de euros durante el segundo semestre del año para agilizar la resolución de asuntos judiciales. Durante el acto de firma del IV plan de actualización del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este tipo de iniciativas ya que, en su opinión, “la Justicia tiene que ser un elemento protagonista para resolver los problemas de los ciudadanos”.

Asimismo, Gallardón ha recordado que son “miles de millones” los que continúan estando pendientes de resolución judicial, y que por lo tanto, ha dicho, “no fluyen en el tráfico económico, no generan riqueza ni empleo”. También ha destacado el papel que desempeña el Poder Judicial como “actor determinante para resolver los problemas económicos que tiene España”, y a renglón seguido ha alabado la figura de los jueces y magistrados que hacen un servicio “extraordinariamente formidable” en tiempos de crisis.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha retado al Ministerio de Justicia a buscar una solución para cuando el plan deje de estar vigente y, ha precisado, el problema viene a partir del 31 de diciembre, cuando “la ayuda se termina, pero el tribunal sigue recibiendo una ingente cantidad de asuntos”. El plan de actualización tiene asignado un presupuesto de 2.444.763 euros para el segundo semestre de este año, con el que se reforzarán las salas del alto tribunal con 21 magistrados, 50 letrados y 28 funcionarios.

En concreto, la Sala de lo Civil contará con un nuevo magistrado en comisión de servicios, once letrados para prestar apoyo en los trámites de admisión y de decisión y ocho funcionarios en régimen de prolongación de jornada. Por su parte, la Sala de lo Penal tendrá un magistrado, cuatro letrados y dos funcionarios, mientras que la de lo Contencioso-Administrativo contará con 19 magistrados, 31 letrados y diez funcionarios.

La Sala de lo Social se reforzará con tres letrados y dos funcionarios, así como el plan prevé que la Sala del 61 cuente con un letrado en comisión de servicio para prestar apoyo en fase de decisión y/o admisión. El plan de actualización del Tribunal Supremo también contempla el refuerzo en otras áreas como las de Archivo e Informática del Gabinete Técnico, que contarán con otros seis funcionarios.

(Expansión, 27-07-2012)
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Llega la reforma del poder judicial

A la espera del Consejo de Ministros del gran tijeretazo, que probablemente llegará el próximo viernes, el primero de un mes de julio que se antoja intenso sí tendrá contenido relevante. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentará un informe con las conclusiones de una comisión de expertos para reformar el poder judicial. El contenido es básicamente la reforma que quiere el PP, que da un vuelco completo al Poder Judicial y hace que sea elegido mayoritariamente por los jueces, un sector claramente dominado por los conservadores, con lo que se garantiza su dominio en el nuevo Consejo.

Pero Gallardón, en línea con esta comisión de expertos, quiere ir más allá. El Gobierno está preocupado por el desprestigio del Poder Judicial en este momento, tras la dimisión de su presidente, Carlos Dívar. Por eso se van a cambiar también los sueldos, los gastos y la dedicación. Ahora el presidente del Poder Judicial cobra 130.000 euros anuales y cada uno de los 20 vocales, 112.000. A partir de la reforma, solo cinco cobrarán con dedicación exclusiva. Los demás seguirán en sus trabajos habituales y cobrarán dietas por asistir a los plenos. Gallardón presentará este informe y la nueva ley orgánica llegará en las próximas semanas.

Encima de la mesa del Consejo también están otras reformas importantes, sobre todo la de la Administración, con fusión de Ayuntamientos y eliminación de organismos intermedios, aunque no está claro si irán esta semana o la próxima. Sáenz de Santamaría aprovechó ayer para meter más presión a las autonomías para que empiecen ya a eliminar algunas de sus 4.000 empresas públicas.

(El País, 06-07-2012)
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La Audiencia investigará la gestión de Rato y Olivas al frente de Bankia

La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella interpuesta por UPyD contra Rodrigo Rato y otros 32 consejeros de Bankia y su matriz, BFA. Un juez instructor indagará sobre la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsificación de las cuentas anuales y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido admitir a trámite una querella interpuesta por Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra Bankia, su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y 33 de sus anteriores consejeros, entre los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (que ocupaba el cargo de presidente de ambas entidades) y el exvicepresidente del grupo, José Luis Olivas. También está incluido en la querella Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia, el único que permanecía en el cargo tras la nacionalización del grupo y que ayer presentó su dimisión.

La querella denuncia la comisión de un delito de falsificación de las cuentas anuales, por la distorsión de los balances de Bankia y BFA “a fin de crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente”. También incluye un delito de administración desleal “por la disposición fraudulenta de los bienes” de Bankia “mediante una gestión social en la que habría prevalecido el favor político al rendimiento económico, mediante una serie de ruinosas inversiones”.

Además, UPyD alega que Rato y el resto de consejeros podrían haber cometido un delito de apropiación indebida, por la fijación de generosos planes de pensiones, y otro de manipulación del precio de las cosas, por haber “intentado mantener a toda costa el precio de la cotización” de Bankia, “para lo cual no dudaron en manipular la información existente”.

El juez Fernando Andreu considera que los hechos descritos en la querella pueden ser constitutivos de delito y, para verificarlo, ha pedido numerosa documentación tanto a Bankia y BFA como a los reguladores (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores). La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la decisión de admitir a trámite la querella, aunque reconoce que el proceso judicial no está lo suficientemente avanzado como para atribuir la comisión de delitos específicos a cada una de las personas contra las que se dirige.

Además de Rato, Olivas y Verdú, también tendrán que declarar en la Audiencia diversos cargos del Partido Popular y el PSOE que formaban parte de los órganos de gobierno de Bankia o BFA, como es el caso de Ángel Acebes (exministro del Interior con el PP), Antonio Tirado (exalcalde de Castellón por el PSOE). También hay algunos conocidos empresarios, como Arturo Fernández (presidente de la patronal madrileña CEIM) y representantes sindicales, como Francisco Baquero (de CC OO-Comfia), así como los presidentes de otras tres cajas que dieron lugar al grupo Bankia-BFA (Atilano Soto, de Caja Segovia; Agustín González, de Caja Ávila, y Juan Manuel Suárez del Toro, de La Caja de Canarias).

Se da la circunstancia de que el vicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero, el economista Claudio Aguirre y el consejero de Mapfre Empresas Juan Martín no están imputados, aunque su entrada al consejo de Bankia fue anterior a la salida a Bolsa de la entidad.

El juez Fernando Andreu también ha pedido que presten declaración como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura. Ordóñez había pedido comparecer en el Congreso para explicar la gestión de la crisis bancaria española, pero desistió de ofrecer su versión ante la petición del Gobierno para que guardara silencio. También deberán comparecer el socio de Deloitte encargado de Bankia, Francisco Celma.

Para investigar sobre la constitución de planes de pensiones, blindajes y otras ventajas financieras, el juez ha solicitado a las siete cajas que dieron lugar al grupo BFA (Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, La Caja de Canarias, Caja Rioja y Caixa Laietana) que le remitan el detalle de las operaciones de crédito realizadas con consejeros, así como el desglose de los planes de pensiones y las retribuciones obtenidas por todos los miembros del consejo.

Tras la salida de Rodrigo Rato de la presidencia del grupo y su reemplazo por José Ignacio Goirigolzarri, las acciones de Bankia se han desplomado, la matriz ha sido totalmente nacionalizada y se ha solicitado la inyección de 19.000 millones de fondos públicos para recapitalizar la entidad. Además de UPyD, también han presentado demandas contra Bankia el sindicato Manos Limpias, el colectivo 15-M y la asociación de ahorradores Adicae.

Desde el Partido Popular se llamó ayer a preservar la presunción de inocencia de los imputados. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lamentó la imputación de Rodrigo Rato. Desde el PSOE se limitaron a decir que “respetan la decisión judicial”. Otros partidos, como ERC, PNV o Izquierda Unida, aplaudieron la decisión. Desde los sindicatos UGT y Comisiones Obreras pidieron que se depuren todas las responsabilidades.

(Cinco Días, 05-07-2012)
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Desde ahora, viajes en turista y a hoteles de 102 euros por noche

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará este jueves un “plan de transparencia” que, tras la polémica por los viajes en fin de semana de su presidente, Carlos Dívar, contempla que los vocales viajen en clase turista y a hoteles de no más de 102,56 euros por noche. El “plan de austeridad y transparencia”, al que ha tenido acceso Efe y con el que el CGPJ pretende recuperar parte de la credibilidad perdida por el escándalo de los gastos de viajes de Dívar, obligará también a los vocales a justificar el motivo de sus desplazamientos.

De esta forma se actualizará el reglamento del Consejo, que data de 1996, y que no exigía a los miembros del órgano de gobierno de los jueces que detallarán el motivo de sus viajes, una de las razones por las que la Fiscalía y el Tribunal Supremo consideraron que Dívar no cometió ninguna irregularidad porque se rigió por las normas vigentes en el CGPJ. Ahora se prevé que se detalle “la actividad concreta” a la que acudan el presidente, los vocales y el secretario general del Consejo, quienes además deberán identificar a los invitados a cualquier acto que se realice “por cuenta” de este órgano con la “única excepción” de las “reuniones o eventos reservados”.

Según el plan, los desplazamientos en avión de los altos cargos del CGPJ se acogerán a la tarifa más económica, aunque podrán utilizar la clase superior “exclusivamente en viajes de más de tres horas de duración”. Los desplazamientos en AVE, por su parte, se harán siempre en tarifa turista y en ambos casos de procurará planificar los viajes con tiempo suficiente para poder “acogerse, en cualquier caso, a las tarifas más económicas posibles”. El documento que estudiará el próximo jueves el pleno del Consejo contempla también que los vocales no puedan alargar sus viajes más de un día por delante y por detrás de la fecha en la que se celebre la actividad en la que van a participar.

Además, los que tengan su domicilio fuera de Madrid sólo podrán cargar al presupuesto del CGPJ un viaje de ida y vuelta a la semana y otro por cada festivo o periodo vacacional. Otra de las medidas de ahorro que contempla el plan son la “limitación y progresiva reducción del personal al servicio del Consejo en todos sus niveles”, de modo que no se cubrirán las bajas que se produzcan por jubilación, fallecimiento o excedencia. También se “racionalizarán” las actividades formativas presenciales, de manera que en las que se desarrollen en otros países se recurrirá a medidas tecnológicas “mediante fórmulas de intervención a distancia”, como las videoconferencias.

Por último, y para reforzar la transparencia de la actividad económica del Consejo, el plan incluye el compromiso de que la Comisión Presupuestaria elabore anualmente el documento “Presupuesto CGPJ” y trimestralmente otro llamado “Estado de ejecución del Presupuesto del CGPJ”. “Ambos documentos presentarán el desglose del presupuesto clasificado por programas, capítulos y conceptos”, añade el texto, que señala asimismo que serán publicados en la web del Consejo (www.poderjudicial.es) “en una pantalla separada y fácilmente localizable”. Aparte de estos documentos, el pleno del CGPJ efectuará, con carácter periódico, “y en todo caso cada seis meses” una evaluación de los niveles de transparencia alcanzados, “disponiendo en su caso las actuaciones pertinentes”.

(El País, 27-06-2012)
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Los secretarios judiciales piden tramitar gratis bodas y divorcios

Los secretarios judiciales no están dispuestos a dejar en manos de notarios y registradores las 50 competencias que saldrán del ámbito judicial en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que prepara el Gobierno. Abogan por ser la opción pública y gratuita para el ciudadano.

La crisis, que ha dejado colapsados los juzgados y maltrechas las arcas de algunos colectivos, entre ellos notarios y registradores, exige desjudicializar asuntos como los matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo y sin menores. Sin embargo, para el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNS), Rafael Lara, es necesario que esta desjudicialización tenga una alternativa pública y gratuita al servicio que podrían prestar otros profesionales.

“Creemos que tanto notarios, registradores como secretarios judiciales estamos capacitados para asumir las competencias de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria”, aseguró ayer en las XXVI Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial, celebradas en Pontevedra, “por eso abogamos por una alternativa”.

El error del monopolio
Desde su punto de vista, lo que necesita España es una reactivación económica basada en el principio de competitividad. “El error es establecer un monopolio, y que solo los notarios puedan casar y divorciar”. No obstante, advirtió que no le constaba que el notariado haya solicitado exclusividad.

Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la comisión que está elaborando la propuesta de proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, manifestó en el transcurso de las jornadas que en ningún caso dejarán de ser competencia del juez asuntos que afecten a menores, incapacitados y familias. Reconoció eso sí, que habría unos 50 trámites que podrían quedar bajo la supervisión de secretarios generales, notarios y registradores.

La declaración de herederos, expedientes de dominios de fincas, subastas judiciales, testamentos, convocatorias de juntas de accionistas, nombramientos de interventores podrían ser algunos de ellos.

Otro de los ponentes, que fue muy aplaudido por un auditorio repleto de secretarios judiciales, Jesús Seoane, ex presidente del CNSJ, advirtió que el papel del secretario judicial en los matrimonios y divorcios está reconocido por recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986 y que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria deberían de estar “exentos de tasas y ser gratuitos”.

Donde sí piden exclusividad los secretarios judiciales es en la ejecución del ámbito penal, que actualmente llevan los jueces. “Siempre que no afecten a derechos fundamentales, solicitamos que todo el proceso de ejecución sea competencia del secretario judicial”, explicó el presidente de este colectivo. Aunque tampoco quiso molestar a los procuradores, “que podrían asumir la ejecución de la diligencia”.

(Cinco Días, 22-06-2012)
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“La justicia necesita más medios y no subir tasas”

David Díez lidera al colectivo de letrados jóvenes españoles que se dan cita este fin de semana en Granada en el XVII congreso estatal para abordar los cambios en la justicia. ¿Qué opinión tiene sobre que la Ley de Acceso excluya a los licenciados de hacer el máster?
Es un poco contradictorio con lo hecho hasta ahora. En último momento, por intereses desconocidos, la línea de trabajo que se había llevado para lograr el acceso a través de un máster se está acortando. Esto va en perjuicio de la profesión. Había evolucionado mucho con lo que se había planteado en relación a las escuelas de práctica jurídica y los máster, pero con la enmienda del PP se limita muchísimo el trabajo realizado y estamos en contra.

¿A qué se oponen?
Nuestro planteamiento hasta ahora era la existencia de un máster obligatorio con un examen. Con la enmienda se limita muchísimo la obligación del máster, con lo que pierde sentido todo lo que se ha hecho hasta ahora.

¿Qué aporta esta ley?
La cualificación, algo de lo que hemos carecido hasta ahora. No nos engañemos, quitando determinados centros educativos universitarios, con calidad alta, el resto imparte una formación mediocre tirando a mala, y nula desde la perspectiva práctica. Pero queremos volver a la situación anterior a la enmienda del PP.

¿Cómo valora la situación de la justicia gratuita?
Es un problema que sigue sin solución. El ministro ha planteado equiparar las condiciones de todos los letrados en España y buscar un baremo intermedio. Para eso, lo primero que hay que hacer es pagar las remuneraciones en tiempo y forma. Para los jóvenes abogados, el turno de oficio es una opción importantísima pero se encuentran con que tardan un año como mínimo en cobrar su trabajo. Es poco halagüeño y se está jugando mucho con la profesión. El usuario está conforme con el servicio, pero las administraciones no pagan.

Justicia afirma que hay una bolsa de fraude.
No lo conozco y me parece una acusación muy grave. Realmente cuando el ministro hace ese comentario no sabemos si se refiere al beneficiario o al profesional. Del abogado, me extraña porque tenemos un control exhaustivo por los colegios. Por los usuarios, puede ser que su patrimonio sea superior al que alega para acogerse al servicio.

¿Son necesarios cambios en el turno de oficio?
Sí, si son tendentes a dignificar el ejercicio por parte del abogado y controlar más si el solicitante es merecedor. Si estamos sufragando un servicio para un número de usuarios que no tienen derecho, ese dinero podría ser el que hace falta para abonar a los profesionales. Esto habría que controlarlo mucho más.

¿Qué opinión tiene de las nuevas tasas judiciales?
Estamos en contra porque hay procedimientos en los que se va a incrementar el coste en un 200% o 300% y es una auténtica salvajada. Si estamos hablando del derecho de defensa, no podemos permitir que se grave al particular o a la empresa que quiera acceder a la justicia. Si lo que queremos es limitar los procedimientos, hay que sacar los que están en curso y dotar a la justicia de muchos más medios. Pero no limitar el acceso al usuario de a pie porque se discrimina entre los que pueden permitírselo y los que no.

El Gobierno las justifica porque se litiga mucho.
Creo que no. Sucede que tenemos un atasco tremendo. La Nueva Oficina Judicial ha multiplicado los procedimientos. En lugar de simplificar, multiplicamos instancias y hacemos más largos y costosos los casos.

(Cinco Días, 15-06-2012)
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Gallardón refuerza con nuevas funciones a los procuradores

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió ayer a ampliar las funciones de los procuradores tanto en materia de notificaciones como de ejecución de sentencias, dos reivindicaciones históricas de este colectivo de 9.500 profesionales.

Los procuradores ampliarán su elenco de funciones, lo que calificaron como “una agilización de la justicia histórica sin incremento de costes”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo ese anuncio en el XIII Congreso Nacional de Procuradores, que se inauguró ayer en Córdoba, en el que avanzó que otorgará a estos profesionales un papel más relevante en el sistema judicial, puesto que asumirán funciones de notificaciones y embargos a nivel nacional y también las de agentes de ejecución de sentencias, una figura existente en otros países de Europa.

El ministro negó que su apuesta por la resolución extrajudicial de conflictos vaya en detrimento de los procuradores, a los que considera “infrautilizados” en función de sus conocimientos jurídicos, implantación en España e infraestructura disponible. La reforma procesal de 2009, recordó el ministro, ya otorgó a los procuradores funciones en materia de citaciones y emplazamientos, un “buen camino” que su departamento está decidido a continuar.

Función comunicadora
Esta profundización del procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial es positivo, según Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, porque permitirá acortar a días lo que ahora la administración de justicia tarda en realizar “meses”. Estimó que esta media puede “coadyuvar” a la mejora del sistema judicial sin incrementar los costes. Estévez estimó que en un procedimiento tipo la asunción de este rol podría ahorrar a las partes un tiempo de diez meses. Justicia piensa que puede esta puede ser una alternativa ante la imposibilidad de incrementar personal en la administración judicial.

Ejecución
En lo que se refiere a la ejecución de sentencias, Gallardón recordó que la función privativa de los jueces es juzgar, pero no que tengan que ejecutar las sentencias, una tarea que Justicia pretende asignar a los procuradores. Se realizaría a través de una encomienda judicial, como ya sucede en el ámbito tributario.

Los procuradores entienden que el funcionamiento de la justicia no tiene nada que envidiar, sobre todo en la jurisdicción civil, al de otros países de su entorno, pero los problemas vienen a la hora de ejecutar las sentencias. “Una sentencia en sí misma no resuelve el quebranto causado”, subrayó el ministro, que apostó por reforzar con nuevas atribuciones a los procuradores.

En otro orden de cosas, el presidente de los procuradores explicó que el colectivo ha puesto a disposición del Ministerio de Justicia su nueva plataforma tecnológica Sireno, que está preparada para permitir a cualquier procurador iniciar un procedimiento desde su despacho por medios telemáticos. Este sistema comenzará a funcionar “en semanas” para las causas presentadas ante la Audiencia Nacional y posteriormente se extenderán a otras instancias judiciales. Gallardón alabó el esfuerzo inversor de los procuradores, que tendrán que hacer en el futuro otros colectivos más “rezagados”. Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, excuso su participación prevista en el acto inaugural.

(Cinco Días, 07-06-2012)
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El Congreso de los Diputados decidirá este jueves, 29 de marzo..

El Congreso de los Diputados decidirá este jueves, 29 de marzo, sobre la convalidación o derogación de cinco reales decretos-ley aprobados en Consejo de Ministros.

El Pleno comienza el martes, a las16 horas, con el debate de toma en consideración de la propuesta de CiU para reformar la la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y la proposición de ley Orgánica sobre disponibilidad de la propia vida impulsada por de IU, ICV-EUiA, CHA.

A continuación se decidirá sobre la toma en consideración de de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre supresión de las subvenciones nominativas; y la del Grupo Socialista sobre medidas relacionadas con el copago.

El Pleno continuará las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, se debatirá la de IU, ICV-EUiA, CHA acerca de las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. El Grupo Socialista defenderá una moción relativa al impacto que tendrá en las Comunidades Autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto.

El miércoles se reanudará la sesión a las 9,00 con la sesión de control al Gobierno y las interpelaciones urgentes.

El jueves, también a partir de las 9,00 horas, se debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles; el Real Decreto-Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio; el Real Decreto-Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital; el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; y el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

El Pleno del jueves concluirá con el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley Orgánica de de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de que se presenten enmiendas de devolución o texto alternativo.

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El Tribunal supremo celebra su 200 aniversario.

El Tribunal Supremo celebra su 200 aniversario con unas jornadas de Puertas Abiertas entre el 11 y el 14 de abril. Pueden acudir ciudadanos particulares, colegios, universidades, grupos… Las visitas son guiadas, entre las 10 y las 19 horas.

El Tribunal Supremo celebra la Semana de Puertas Abiertas, como cada año. En esta edición se conmemora el 200 Aniversario de su creación, coincidiendo con la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812.

Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar entre el 11 (miércoles) y el 14 de abril (sábado), en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ininterrumpidamente.

Pueden acudir ciudadanos particulares, colegios, estudiantes, grupos de amigos, etcétera.

Centro de autoridad judicial

La Constitución de Cádiz fue el cimiento del actual Tribunal Supremo. En el informe de la Comisión encargada de la formación de aquel Proyecto Constitucional se razonaba así en el apartado XVL:

“Delegada por la Constitución a los Tribunales, la potestad de aplicar las leyes, es indispensable establecer, para que haya sistema, un centro de autoridad en que vengan a reunirse todas las ramificaciones de la potestad judicial. Por lo mismo, se establece en la Corte un Supremo Tribunal de Justicia, que constituirá este centro común. Sus principales atributos deben ser los de la inspección suprema sobre todos los Jueces y Tribunales encargados de la administración de Justicia”.

El artículo 259 de la Constitución de 1812  establecía que “Habrá en la Corte un tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia” y los siguientes artículos 260-261 describían el número de Magistrados que lo conformarían y sus competencias.

La Constitución entró en vigor el 19 de marzo de 1812. Por Decreto del 17 de abril quedó instaurado el Tribunal Supremo, aunque la guerra de la independencia y el asedio de la ciudad de Cádiz impidieron la eficacia de la nueva estructuración constitucional de la justicia.

El Alto Tribunal tiene su sede en uno de los palacios más céntricos de Madrid: el Palacio de las Salesas, como era conocido hasta no hace mucho. Un nombre que hace referencia al uso que se le dio desde su construcción, en 1758, hasta 1870: el Monasterio de la Bienaventurada Virgen María de la Orden de las Monjas de San Francisco de Sales, las monjas “salesas”.

En ese año de 1870, el entonces presidente del Gobierno, Juan Prim i Verdaguer, ordenó su incautación y su conversión en lo que hoy se definiría como la “ciudad de la Justicia de Madrid”, porque en su interior albergó no sólo al Tribunal Supremo sino también a las Audiencias Territoriales, Audiencias Provinciales, Juzgados, Fiscalía Colegio de Abogados y calabozos. Hoy día sólo está ocupado por el Alto Tribunal.

El edificio del Tribunal Supremo ha sido el protagonista de la historia de España durante los 200 últimos años. Entre 1910 y 1914 el Palacio fue compartido con la presidencia del Gobierno, hasta que esta se trasladó al Paseo de la Castellana.

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